La constitución que surgió de las Cortes de Cádiz contempló, entre sus muchas disposiciones una reorganización radical política y administrativa del territorio español, decretando la supresión de los antiguos reinos y provincias en que se dividía España.

Las nuevas provincias serían dirigidas por un jefe político, el futuro gobernador civil, y administradas por una Diputación Provincial, habiendo en cada provincia una audiencia judicial y una delegación de hacienda.

Todo el territorio español quedaba regularizado y racionalizado, bajo un esquema que imitaba a los departamentos franceses. Esta uniformación territorial implicaba la centralización política y administrativa, suprimiendo estrictamente las diversidades regionales, y quedando todo sometido a un patrón único dirigido desde la capital del reino, Madrid.

Los elementos más conservadores de las cortes proponían una división territorial en que hubieran pocas provincias, que fueran grandes y que estuvieran basadas en criterios humanos e históricos, aunque prevaleció el criterio de los liberales de que fueran muchas y basadas en criterios geográficos (cuencas de ríos, cadenas montañosas, etc).

Esta división provincial quedó sin efectos con la entrada de Fernando VII, que abolió la Constitución de Cádiz en 1814 y volvió al esquema político y administrativo del antiguo régimen, establecido desde 1716.



División provincial de las Cortes de Cádiz